La Diputación ha realizado hoy, a iniciativa propia, en las Juntas Generales de Bizkaia un “avance” del Plan de Inspección y Control de los centros residenciales que el departamento de Acción Social realizó en el año 2022. El diputado de esta área, Sergio Murillo, ha confirmado que el año pasado se produjo, sin considerar el efecto de la pandemia, un aumento del “10%” en el número de inspecciones realizadas en los centros de mayores, que confirman un incremento continuado desde que se inició la legislatura que ha cifrado en el “23%”.
“”Contamos con una supervisión mayor en los centros residenciales”, ha dicho Murillo. “Todos” los centros residenciales están sometidos a la inspección pública de la Diputación, como “garantía y protección de las personas usuarias” y de la calidad de los servicios públicos. Así durante 2022, el servicio de Inspección y Control de su departamento realizó “204” inspecciones en centros de mayores (11 vinculadas al Covid). El personal foral acudió para comprobar el buen estado del servicio en otros centros del territorio, a través de 63 inspecciones en centros de día; 72, en viviendas comunitarias y apartamentos tutelados; 58, en centros de atención temprana; 117, en centros de menores; y en “todos” los centros de apoyo a la mujeres.
Gracias a este trabajo, la Diputación detectó “21 incumplimientos”. Además de las deficiencias detectadas en la residencia de Nuestra Señora de Leire, de Barakaldo, que acabó con su cierre, gracias a esta labor de control este año se han producido dos incumplimientos graves en sendas residencias del territorio, concretamente en la residencia Handia de Bilbao y en el centro Otxartaga de Ortuella.
La residencia Handia, que contaba con 15 plazas autorizadas y 4 residentes en el momento de realizar la inspección, se ha cerrado temporalmente por hasta 5 incumplimientos detectados en relación a la temperatura del local, que “no era la adecuada”, situándose “por debajo de los 21 grados”. La Diputación ordenó el pasado 2 de marzo la suspensión cautelar de la actividad “al no reconducirse la situación”. Los residentes fueron trasladados dos días después a otras residencias.
Y en el caso de la residencia ubicada en Ortuella, la Diputación incoó el pasado 28 de febrero un expediente sancionador por un incumplimiento “muy grave” acaecido la noche y madrugada del 1 de febrero. La propia residencia informó a la Diputación días después de esa jornada, que el personal del turno de noche “no acudió a su puesto de trabajo”. Como consecuencia de esto, la Diputación constató después que esa noche “no hubo nadie” atendiendo a las personas residentes. Esta residencia “se puede” enfrentar, según Murillo, a una sanción económica de hasta 600.000 euros, una suspensión temporal de su actividad o a una suspensión de la financiación pública. Según el acta de la empresa incluida en el expediente, y en base a lo que relató el Comité de Empresa, la inexistencia de personal esa noche se debió a “una cadena de errores totalmente involuntarios”. Ambos casos, se han puesto en conocimiento del ministerio fiscal.
INCREMENTOS DE COSTES EN LAS RESIDENCIAS
En la misma sesión, las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado que la Diputación tenga que “incrementar las partidas presupuestarias para el año 2023 de las entidades sociales sin ánimo de lucro que gestionan servicios de responsabilidad pública foral.” La proposición no de norma de Elkarrekin Bizkaia ha contado con el apoyo de EH Bildu y del grupo Mixto-PP Bizkaia, pero con el voto en contra de los grupos junteros que apoyan al Gobierno foral, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, y que conforman mayoría parlamentaria.
La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha defendido, junto con el resto de la oposición, que la Diputación “revise” las memorias económicas de los años 2020, 2021 y 2022, de todos los proyectos desarrollados por estas entidades, asumiendo el pago de los sobrecostes producidos “a consecuencia de la pandemia y del incremento de precios de los suministros”. De Madariaga ha asegurado que estos incrementos ya están teniendo “consecuencias” en la calidad asistencial, “reduciéndose gastos en alimentación o en transporte”, o no permitiendo que las empresas incrementen salarios.
“Se insta a la Diputación a hacer algo que ya se está realizando” ha respondido la socialista Berta Campo. La “dinámica” que la Diputación mantiene para actualizar los precios y actualizar los convenios, lo realizan técnicos del departamento de Acción Social teniendo en cuenta el diálogo “permanente” con estas entidades y las auditorías que se realizan. Estos controles de los costes son “fiscalizados” también por el área de Hacienda y Finanzas, ha añadido la jeltzale Elena Coria. “Diálogo con entidades del tercer sector y comités de empresa, auditorías e informes técnicos forales” es el camino que sigue la Diputación para “actualizar” los distintos convenios.